Una ciudad inteligente debe ser energéticamente eficiente, tecnológicamente avanzada y sostenible social y ambientalmente. Para ello es preciso defender un modelo urbano poblacionalmente denso, físicamente compacto y continuo, funcionalmente complejo, con usos superpuestos, socialmente mestiza e integradora, fuertemente dotada de recursos públicos de calidad, espacios libres, equipamientos, infraestructuras y trasporte.
El suelo urbano y urbanizable debe concebirse como un recurso escaso al servicio del interés general y la vivienda como un bien de primera necesidad y alto coste, y no como mercancías objeto de tráfico especulativo.
Consecuentemente la administración local debe asumir su responsabilidad social en la regulación del mercado de suelo, especialmente el residencial, y la vivienda, velando por el efectivo ejercicio del derecho a vivienda adecuada y asequible para todos los ciudadanos.
Para lograr estos objetivos, es necesario un nuevo modelo de producción de la ciudad, basado en la legislación vigente, que rescate las plusvalías que se drenan en el proceso por los propietarios del suelo.
Eliminando o reduciendo fuertemente este factor de especulación inmobiliaria, socialmente estéril y económicamente indeseable, se pueden rescatar importantes plusvalías y destinarlas, entre otros, a los siguientes objetivos:
*Mejora radical de la urbanización, redes de infraestructuras, calidad de los espacios públicos.
*Construcción de equipamientos de proximidad vinculados a la construcción de las viviendas.
*Implementación de las tecnologías necesarias para la sostenibilidad ambiental de las actuaciones urbanas.
*Políticas de promoción de viviendas asequibles y adecuadas, en precio, tipología y acceso (fomento del alquiler), con dotaciones comunitarias que faciliten la interacción social.
*Contribución, mediante una ecotasa, a la recuperación y recualificación de la ciudad existente.
Para conseguir estos objetivos es preciso que todo el proceso de transformación del suelo sea responsabilidad directa de la administración pública, delimitando Reservas de terrenos, obteniéndolos vía expropiación (con o sin convenios expropiatorios) definiendo la ordenación estructural y pormenorizada de los mismos, y la calidad de sus infraestructuras, espacios públicos y equipamientos y procediendo por vía directa o indirecta (agente urbanizador) a la ejecución de las obras de urbanización, previa a la puesta en el mercado de los suelos, vía concurso, para que la iniciativa privada pueda desarrollar la edificación.
Este es precisamente este modelo operativo utilizado en Cerro Almagro, el que hace posible su diseño como un ecobarrio con las mejoras tecnológicamente más avanzadas.
