En España, hemos vivido un 'boom' inmobiliario en los últimos doce años, en el que, año a año, se batían record numéricos de producción de vivienda (en 2007 se terminaron casi 800.000 viviendas, el equivalente a las construidas en Reino Unido, Alemania e Italia juntas).
Paradójicamente esta abundancia de bienes, de oferta, en vez de redundar en bajos precios, buena calidad y acceso fácil y universal que diera satisfacción a la demanda existente, provocaba paralelamente una carrera alcista de precios, que batían récords año a año, lo que ha ido deteriorando la capacidad de acceso de la población a una vivienda adecuada.
Hace ahora dos años explotó esta burbuja inmobiliaria, provocando la parálisis del sector, y la ruina de muchos agentes económicos intervinientes en el mismo. La cuestión de la vivienda sigue siendo una necesidad esencial en la vida de los individuos y las familias.
Mientras que la crisis financiera ha provocado ríos de tinta acerca de la necesidad de regular los mercados financieros, sorprende la exigua reflexión pública sobre la necesidad de regular los mercados inmobiliarios. Es momento de plantearse, entre otras, las siguientes cuestiones:
- La vivienda no puede considerarse una mera mercancía en un mercado libre, abierto y universal, sino un bien de primera necesidad, que exige una fuerte inversión, dirigida a mercados locales fragmentados socialmente, y por tanto cautivos y de una extraordinaria rigidez.
- Si se plantea la cuestión de lograr viviendas adecuadas y accesibles para todos, se llega a la conclusión de que la demanda insatisfecha en la actualidad, supera el ochenta por ciento de los demandantes. Ello nos llevaría a considerar que debe ser la proporción del mercado con precios regulados, y que las viviendas con precio libre, deben ser fuertemente minoritarias, ya que están destinadas a satisfacer a un segmento muy reducido de la demanda.
La Constitución configura el derecho a la vivienda como un principio rector de la política social y económica, de tal forma que su contenido prestacional exige la actuación positiva de todos los poderes públicos con competencias en la materia. El Estatuto de Autonomía para Andalucía actualiza y adapta el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma este mandato constitucional, incluyendo el derecho a la vivienda entre los derechos sociales, deberes y políticas públicas y refiriéndolo a todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía.
La Ley 1/2010, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía fue aprobada por el Parlamento Andaluz el 8 de marzo de 20010, ha de ser instrumento esencial para abordar la solución de este problema.
