El planeamiento urbanístico se puede definir como la materialización de las políticas económicas sobre el territorio. De manera frecuente la competencia sobre estas políticas económicas recae en órganos diferentes, lo que puede generar problemas competenciales.

En cualquier caso, el artículo 25.2.d de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local determina que la competencia en materia de 'ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística' recae sobre los municipios, siendo el plan general el instrumento que articula tales competencias.

Como consecuencia de esto, los Planes Generales se han convertido en el instrumento planificador más potente y con más tradición que tienen los municipios, sin embargo su alcance y efectos no siempre están claros.
La práctica jurídica al estudiar estas cuestiones ha aplicado el principio de prevalencia de la legislación sectorial sobre la urbanística de manera reiterada, lo que ha limitado las competencias efectivas de los municipios.

En el último decenio, se ha producido un gran desarrollo de las energías renovables y más concretamente de la energía eólica. La implantación de parques eólicos enfrenta competencias urbanísticas y energéticas de la Comunidad Autónoma con las anteriormente mencionadas de los municipios.
Sobre este tema nos preguntamos:

¿Puede el planeamiento urbanístico modular de alguna forma, o incluso prohibir, la actividad eólica en una zona concreta?
De forma más genérica, ¿Pueden los Ayuntamientos, a través de su planeamiento urbanístico sentar las directrices de un modelo productivo determinado?

En este documento vamos a intentar dilucidar las distintas relaciones entre estas competencias, así como la posibilidad de los municipios de proteger y gestionar sus propios intereses mediante el plan general.