Para los consumidores, una economía sostenible es aquella que cubra nuestras necesidades, a la vez que garantice el futuro de los recursos naturales y el desarrollo equilibrado.

Frente al desarrollo económico como principal y prácticamente único objetivo, sin tener en consideración la forma de conseguirlo –el “desarrollismo puro y duro- de la mayor parte del siglo XX, que ha sembrado una seria desconfianza en la actuación de las empresas (contaminación y otros atentados al medio ambiente, gestión poco ética, violación de los derechos humanos,...), la sociedad exige ahora, también, calidad de vida, respeto a la naturaleza, condiciones laborales humanas...Los consumidores pedimos empresas responsables adecuadas a estas nuevas exigencias de la sociedad.

La responsabilidad social es la acción concreta de las empresas para contribuir al desarrollo sostenible.

La implantación, entre los objetivos empresariales de una estrategia dirigida al respeto de las nuevas exigencias de las sociedades avanzadas en materia de desarrollo sostenible, contribuye al éxito empresarial, a través de beneficios intangibles, como la reputación, la credibilidad, la honestidad...que determinan traduciéndose también, por el mayor grado de aceptación del mercado, en beneficios tangibles.

Las asociaciones de consumidores dedicadas a la realización de análisis comparativos de productos y de servicios, incluyen de forma creciente nuevos indicadores, correspondientes a la responsabilidad social de las empresas, productoras o distribuidoras, en sus estudios dirigidos a orientar al consumidor o las relaciones calidad/precio de antaño se complementan con la valoración de los efectos sobre e medio ambiente y la responsabilidad social corporativa.

La actuación espontánea de las empresas en el ámbito de la economía sostenible ha de complementarse con la implantación de un marco legal que impulse a la generalización de estas actuaciones responsables de las empresas, estableciendo una formativa clara y al mismo tiempo exigente que tenga que cumplirse inexorablemente bajo la amenaza de sanciones proporcionadas al daño causado por su incumplimiento.

La sociedad civil debe exigir a los legisladores un avance plenamente en la implantación de una auténtica economía sostenible e incentivar el desarrollo de empresas cada vez más responsables socialmente